El acceso a Internet, derecho universal

Estos días de confinamiento han puesto de manifiesto el protagonismo de una tecnología que, hasta ahora, estaba siendo transparente para la mayoría de la población que la utiliza diariamente. Este protagonismo, sin embargo, ha evidenciado que para otras personas esta tecnología no sólo no es transparente (les supone un esfuerzo añadido interaccionar con ella), sino que en algunos casos es inexistente, y les resulta imposible utilizarla porque no tienen acceso a ella.

El grito de alarma provino de la escuela. El hecho de cerrar todas las instituciones de educación obligatoria y no obligatoria, por primera vez desde que yo tengo uso de razón, por un período de tiempo tan dilatado generó una gran preocupación. Primero, por el hecho de tener los hijos en casa cuando los padres deben teletrabajar o, peor, deben continuar yendo al trabajo porque, o bien su trabajo no les permite teletrabajar, o bien forman parte de las profesiones que se han considerado esenciales durante este periodo de confinamiento. Segundo, porque se abría una gran incógnita sobre cómo los niños, niñas y jóvenes podrían estudiar desde casa en una sociedad donde la cultura de la educación digital aún está lejos de haberse consolidado.

Con todo, el problema principal ha sido que, una vez asumida la situación, en un número nada despreciable de hogares del país no se disponía de suficientes dispositivos para las personas que los tenían que utilizar en casa o, simplemente, no tenían acceso a Internet. Diferentes medios  han dicho que, por este motivo, Internet, o la educación online, ampliaba la llamada brecha digital. En Cataluña, por poner un ejemplo, un 16% de la población tiene problemas para acceder a internet porque no tiene fibra óptica.

Ha sido curioso observar cómo, ante esta carencia, la primera reacción de algunas administraciones fue negar la posibilidad de hacer llegar el apoyo educativo mediante la modalidad online a la mayoría de los alumnos del sistema. Se adujo que algunas personas tendrían dificultades para poder recibir este apoyo, por los motivos comentados. Es obvio que uno no puede estar más de acuerdo en la obligación de arbitrar soluciones inclusivas que permitan que todos, sin excepción, puedan disponer de un sistema adecuado que permita paliar la ausencia de escolarización física durante un periodo de tiempo por un motivo de fuerza mayor. Dicho esto, lo que no se podía aceptar era que la solución fuese no hacer nada y, afortunadamente y como no podía ser de otro modo, se cambió la decisión inicial. Y ese entreacto, entre la inacción inicial y la solución de emergencia finalmente puesta en práctica, ha puesto de manifiesto que el acceso a Internet es una herramienta fundamental para el presente y para el futuro de los sistemas educativos.

Es verdad, también, que solo con el acceso a Internet no se resolverán otros problemas que van asociados a la insuficiente capacidad del sistema educativo de responder de manera consistente en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Pero es un primer paso muy importante. Podríamos compararlo con tiempos pretéritos, cuando ante la necesidad de acortar otra brecha, la de la alfabetización, se impulsó la creación de bibliotecas populares, a fin de facilitar el acceso de la población a los libros y a la lectura. Acceder a los libros no alfabetizaba automáticamente a las personas, pero era un primer paso necesario e imprescindible. Internet, ahora, es la llave maestra para el acceso a la información, para que después, una vez mediada por los agentes educativos, pueda convertirse en educación y formación.

Y también es verdad, es importante decirlo, que los sistemas educativos tienen problemas irresueltos de los que no se pueden culpar a la tecnología. Esto sería algo demasiado fácil y bastante demagógico y tecnofóbico.

Conexión a Internet
Fuente: Thomas Jensen – Unsplash

Habrá otras acciones que habrá que llevar a cabo en un futuro inmediato si no queremos que esta situación, si se repite, nos vuelva a superar en el futuro. Y las previsiones, a pesar de que deseamos que no se cumplan, indican que hay muchas posibilidades de que se repita. Algunos autores destacan que lo que llamamos brecha digital, en realidad son  tres brechas. La brecha de acceso es la primera y quizás la más visible, la que todo el mundo tiene en el pensamiento cuando se habla, y que supone un acceso a dispositivos muy desigual en los hogares,  especialmente en tiempos de confinamiento, cuando varias personas en el mismo hogar necesitan acceder a Internet. La segunda es la llamada brecha de uso, la que determina la frecuencia habitual con la que se utiliza Internet en casa, y para qué fines se utiliza. Aquellos que estén más acostumbrados a usarla con fines de aprendizaje estarán mejor posicionados para sacar partido en estos momentos. Finalmente, la tercera es la brecha que podríamos llamar institucional. Es la que hace referencia a las capacidades, o habilidades, del profesorado para utilizar didácticamente las herramientas digitales; a los recursos digitales y plataformas; y la formación, que los centros y la Administración ponen a disposición de los profesionales de la educación con esta finalidad.

Como podemos observar, estas dos últimas brechas tienen mucho que ver con la adquisición de la competencia digital (para los alumnos y para toda la ciudadanía), y de la competencia digital docente (para el profesorado, y que incluye la competencia instrumental y también la metodológica). En estas dos nos tendremos que centrar de manera mucho más intensa de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero para poder hacerlo con garantías de éxito, es necesario que las Administraciones resuelvan, antes, la primera brecha. Como ha dicho el profesor Albert Carreras recientemente, refiriéndose a la ciudadanía en general y las personas de la tercera edad en particular, es necesario desarrollar medidas de alfabetización digital masiva , tanto para los alumnos como para sus familias.

Pero seríamos ciegos si sólo nos mirásemos el ombligo de la escuela. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de disponer de Internet para la actividad económica: no sólo para estudiar, para informarse o entretenerse; sino para comerciar, hacer negocios, y también acceder a servicios, institucionales y comerciales. En estos días, mucha gente ha utilizado el acceso a Internet para evitar salir de casa para comprar y para recibir diferentes tipos de apoyo que les era necesario. De este modo, han podido contribuir a la limitar la propagación de los contagios, adquiriendo los productos necesarios mediante las transacciones electrónicas.

El efecto que ha tenido en el ámbito educativo también se ha hecho notar, en cierto modo, en el sector económico y productivo. Algunos negocios ya le han visto las orejas al lobo, y han comenzado a desarrollar soluciones que se basan en el comercio electrónico, o han creado nuevos productos a los que se puede acceder desde casa. En este sentido, la pandemia probablemente acelerará la transformación de muchos negocios, obligados por la necesidad de supervivencia en un contexto diferente al que habían previsto. De ahí la importancia de promover la adquisición de la competencia digital para toda la ciudadanía a que nos referíamos antes, y de empezar a promover y apoyar a todos aquellos que quieran transformar sus empresas para enfrentarse lo que se está denominando la «nueva normalidad». Algunos ayuntamientos,  de la mano de determinadas fundaciones, están proyectando instalaciones intensivas de fibra óptica en sus municipios, para dar acceso a todos sus vecinos y facilitarles, por ejemplo, el teletrabajo, que hasta ahora les resultaba complicado por las carencias de conectividad que sufrían.

 El tráfico de internet ha crecido a raíz del confinamiento hasta un 80%. Esto es un dato, un hecho. A la larga, el incremento del tráfico beneficiará, sí o sí, las empresas de telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál será su actuación al respecto? ¿Dónde está, ahora mismo, su solidaridad? No soy partidario de la normativización excesiva de las cosas, que solo permite que se hagan por obligación; pero en casos extremos como este, es cuando quedan en evidencia aquellos que exprimen a los demás sin ninguna responsabilidad ni ética corporativa. Y es, en estos casos, cuando acciones gubernamentales son plenamente justificables.

Ahora es el momento de apostar por declarar derecho universal el acceso a Internet, y son los gobiernos nacionales, con el apoyo de los organismos supranacionales los responsables de hacerlo efectivo. Para que podamos estar preparados en otras ocasiones que situaciones similares nos afecten. Pero también porque es el instrumento que permite ampliar el acceso de las personas a la información, a la educación y a la cultura, elementos primordiales del crecimiento de los seres humanos y de las sociedades.

Albert Sangrà

ALBERT SANGRÀ

Director de la Cátedra UNESCO, profesor Catedrático e investigador de la UOC